Y es que es bien cierto que la ley, se aplica dependiendo de que quien la ejecute y a quien se adjudica. Y en Quintana Roo, las leyes sobran, pero para perjuicio de quienes demandan justicia.

Quien no ha padecido alguna vez en su vida la desgracia de recorrer, inútil y estérilmente, los pasillos de un ministerio público o, un abarrotado juzgado. Escuchar entre barullo aporrar las teclas en un acto de apresuramiento indiferente, más que eficiente. Quintana Roo, por supuesto, no se excluye.

Si bien es cierto que cada regla tiene su excepción, también lo es el manejo de la ley, ya pluralizada de acuerdo al pensamiento de Tácito, lo cual supura corrupción hasta en las paredes.

Uno de estos casos lo podemos ver en los juzgados de Playa del Carmen. Específicamente el que se encuentra a cargo de la juez, Rosaura Villanueva Arzápalo.

La juez, quien por cierto (aunque ya no cause sorpresa el origen) es oriunda de Cozumel. Rosaura Villanueva, ha tratado de mantener el control, semejando prácticas de liderazgo carcelaria: a golpe y puño.
Corre el rumor que la juez, mantiene un supuesto enfrentamiento feroz con el que es su jefe, el presidente del Tribunal de Justicia del estado, Fidel Villanueva. Enfrentamiento en el que ha querido demostrar, que de su cuero salen más correas.

También se maneja que, Rosaura Villanueva Arzápalo, se jacta de su poderío e influencias, que le impiden removerla de su cargo, a pesar de los múltiples “castigos”, reprimendas y jalones de orejas que el presidente del tribunal le ha aplicado, precisamente por su falta de conducción apropiada, amén de su rebelión a manejarse como subalterna.

Quizá por esto, Rosaura Villanueva ha aplicado prácticas insolubles de justicia, consecuentando y aplicando la ley a modo, de una manera vil y descarada.

Una de sus muchos secuaces es la secretaria de acuerdos del juzgado que comanda Villanueva Árzapalo, Cecilia Evelyn Navarrete Vázquez. Personaje quien, con actos corruptibles se encarga de omitir acuerdos y notificaciones, en perjuicio de los demandantes. Las pruebas existen.

El caso más reciente se dio el año pasado, en donde la actuaria en mención, “olvidó” notificar una diligencia de suma importancia al demandante. Omisión que realizo además, de acuerdo a su inteligencia y conocimiento: de manera pequeña y soez. Para el caso, da lo mismo.

Pero, esto se puede llevar a cabo, fuera de los ojos de la conflictiva y peleonera juez Villanueva Arzápalo? Casi imposible. Como imposible debería de ser la pérdida de expedientes que comúnmente señalan sucede en ese juzgado. Mismos que reaparecen mágicamente al día siguiente, con alguna modificación o acuerdo extra.

Dentro de este mar de papeleo, corrupción y suciedad que envuelven a los juzgados llamados, equivocadamente impartidores de justicia, no se quedan atrás los ministerios públicos adscritos a estos juzgados. La complicidad existente entre ellos, es insultante y temeraria.

Ministerios públicos que lejos de aplicar la ley, se convierten en fiscales de los propios demandantes y sus peores enemigos, al omitir, transgredir, solapar y coadyuvar a destruir los intereses de quienes les confían sus casos. El resultado es: dictámenes opuestos a los que la ley y la moral dictan.

Pero, sabrán de estas prácticas el Presidente del tribunal Superior de Justicia, Fidel Gabriel Villanueva Rivero y el Procurador de Justicia en el estado, Gaspar Armando García Torres? Y si lo saben, se hacen de la vista gorda o, se encuentran en pleno trabajo de "limpieza"...

La rotación y cambio de personal urge. La corrupción, una práctica usada y aplicada por la ley de algunos opositores a la impartición de justicia tácita y expedita en los ministerios públicos y juzgados en el país, y en especial de Quintana Roo, ofende y asusta.

Esto no acaba hasta que se acaba, dijera alguien. El expediente en cuestión y las denuncias, al menos públicas y pertinentes a las autoridades correspondientes, se dejara ver y oír. Las pruebas son elocuentes…